Cobrar una deuda comercial en España

Las facturas impagadas son un problema frecuente para las empresas y los autónomos en España. Un cliente recibe los productos o servicios contratados, vence el plazo de pago, pero el dinero no llega.

En esta situación, es importante no solo reclamar el importe pendiente, sino también reunir las pruebas necesarias y elegir el procedimiento de reclamación más adecuado.

La legislación española permite reclamar deudas comerciales tanto por vía extrajudicial como judicial. A continuación, explicamos los principales pasos para recuperar una deuda.

¿Cuándo se puede reclamar una deuda comercial?

Una deuda comercial se produce cuando una empresa o un profesional autónomo no paga los productos o servicios recibidos dentro del plazo establecido.

En España, en las operaciones comerciales entre empresas y profesionales, si no se ha acordado un plazo de pago, este es generalmente de 30 días naturales desde la recepción de los productos o la prestación de los servicios.

Las partes pueden establecer un plazo diferente en el contrato, pero, por regla general, no puede superar los 60 días naturales.

Una vez vencido el plazo, el acreedor tiene derecho a reclamar el importe pendiente.

Antes de iniciar cualquier procedimiento, es importante comprobar que la deuda existe, que su importe puede determinarse y que la obligación de pago es exigible.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar una deuda?

El éxito de una reclamación depende en gran medida de las pruebas disponibles. Una documentación adecuada facilita demostrar la existencia de la deuda y justificar la cantidad reclamada.

Entre los documentos más útiles se encuentran:

• Contratos de suministro de productos o prestación de servicios.
• Facturas pendientes de pago.
• Albaranes, justificantes de entrega o documentos que acrediten la prestación del servicio.
• Correos electrónicos y otras comunicaciones con el cliente.
• Justificantes de pagos parciales o reconocimientos de deuda.

La ausencia de un contrato escrito no impide necesariamente reclamar una deuda. Por ejemplo, la prestación de un servicio puede acreditarse mediante facturas, correspondencia y otros documentos.

Una revisión jurídica de esta documentación permite determinar si existen pruebas suficientes para iniciar la reclamación.

Reclamación extrajudicial: el primer paso para recuperar el dinero

En muchos casos, las deudas comerciales pueden recuperarse sin necesidad de acudir a los tribunales.

El procedimiento suele comenzar con un requerimiento formal de pago (requerimiento de pago), en el que se indica el importe pendiente, el origen de la deuda, el plazo para abonarla y las posibles consecuencias del incumplimiento.

Sin embargo, es importante tener en cuenta los cambios legislativos introducidos en abril de 2025.

Antes de iniciar la mayoría de los procedimientos judiciales civiles y mercantiles, es necesario intentar previamente una solución extrajudicial mediante un medio adecuado de solución de controversias (MASC).

Esta actuación puede consistir en negociaciones directas entre las partes, conversaciones entre sus abogados u otros mecanismos reconocidos legalmente.

Es fundamental documentar correctamente el intento de negociación. Un simple recordatorio de pago no siempre cumple los requisitos establecidos por la legislación.

Si no se alcanza un acuerdo, el acreedor puede acudir a la vía judicial.

Procedimiento monitorio: cómo reclamar facturas impagadas

Uno de los mecanismos más utilizados para recuperar deudas en España es el procedimiento monitorio, una vía judicial que permite reclamar obligaciones dinerarias respaldadas por documentación.

Puede utilizarse cuando la deuda:

• Consiste en una obligación de pago de dinero.
• Es líquida y está determinada o puede calcularse con precisión.
• Está vencida y es exigible.
• Puede acreditarse mediante los documentos admitidos por la ley.

El procedimiento monitorio español no establece un límite máximo general para el importe de la deuda reclamada.

El acreedor presenta una petición acompañada de los documentos que justifican la reclamación. Si se cumplen los requisitos legales, se requiere formalmente al deudor para que pague.

Desde la notificación judicial, el deudor dispone de 20 días para pagar la cantidad reclamada o presentar una oposición motivada.

Es importante señalar que este procedimiento no garantiza el cobro inmediato. Su desarrollo depende de la respuesta del deudor y de las circunstancias de cada caso.

Ejemplo práctico

Una empresa española presta servicios a otra compañía por un importe de 12.000 €. El trabajo se realiza correctamente y se emite la factura correspondiente, pero el cliente no paga dentro del plazo acordado.

La empresa acreedora dispone del contrato, la factura, los justificantes del servicio prestado y las comunicaciones mantenidas con el cliente.

Tras realizar correctamente el intento de negociación extrajudicial exigible, la empresa puede valorar la presentación de un procedimiento monitorio.

Si el deudor se opone a la reclamación, el asunto deberá continuar por el procedimiento judicial que corresponda.

¿Qué ocurre si el deudor no paga o se opone?

Una vez recibido el requerimiento judicial, pueden producirse tres situaciones principales.

El deudor paga la cantidad pendiente. La deuda queda satisfecha y el procedimiento concluye conforme a las normas aplicables.

El deudor presenta oposición. Si cuestiona la existencia o el importe de la deuda, el asunto puede continuar mediante el procedimiento declarativo correspondiente.

El deudor no paga ni presenta oposición. En este caso, el acreedor puede solicitar la ejecución forzosa para intentar recuperar la cantidad adeudada.

La ejecución puede incluir el embargo de cuentas bancarias u otros bienes del deudor, de acuerdo con las disposiciones legales.

Sin embargo, incluso cuando el acreedor obtiene una resolución favorable, la recuperación efectiva del dinero puede resultar difícil si el deudor carece de fondos o bienes embargables.

¿Se pueden reclamar intereses por retraso en el pago?

Sí. La legislación española contempla intereses de demora por el impago de obligaciones comerciales.

Cuando se cumplen los requisitos legales, estos intereses se generan automáticamente una vez producido el retraso, sin necesidad de enviar un requerimiento adicional.

Según las condiciones del contrato, puede aplicarse el tipo de interés pactado entre las partes o el tipo legal de interés de demora correspondiente.

En las operaciones comerciales sujetas a esta normativa, el acreedor también puede reclamar:

• Una indemnización fija de 40 € por los costes de cobro.
• Los gastos adicionales de recuperación debidamente acreditados que superen dicha cantidad, conforme a la legislación aplicable.

Por tanto, la reclamación puede incluir no solo el importe original de la deuda, sino también los intereses acumulados y las compensaciones legalmente exigibles.

¿Cuál es el plazo para reclamar una deuda en España?

El plazo de prescripción depende de la naturaleza de la deuda y de la legislación aplicable.

Según el Código Civil común español, las acciones personales que no tienen un plazo específico están sujetas, con carácter general, a un plazo de prescripción de cinco años.

Sin embargo, Cataluña cuenta con su propia normativa civil. Por ejemplo, determinadas reclamaciones relacionadas con el pago de servicios prestados o trabajos realizados están sujetas a un plazo de tres años.

Por ello, no debe suponerse que todas las deudas comerciales en España pueden reclamarse durante cinco años.

También es necesario analizar desde cuándo comienza a contarse el plazo y si existen circunstancias que puedan afectar a su cómputo.

Si un cliente lleva tiempo sin pagar una factura, es recomendable solicitar asesoramiento jurídico sin demoras innecesarias.

Asesoramiento legal para reclamar deudas comerciales en España

Recuperar una deuda comercial requiere algo más que conocer los procedimientos judiciales. También es necesario evaluar las pruebas disponibles, analizar la situación económica del deudor y determinar las posibilidades reales de recuperar el dinero.

Lusa Legal es un despacho jurídico ubicado en Barcelona, con más de 20 años de experiencia prestando servicios legales.

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